Veredicto del Foro Popular por la Defensa de la Tierra, Territorio y Soberanía Alimentaria

FORO POPULAR POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Realizado del 22 al 25 de noviembre de 2012

VEREDICTO

Luisa Paré, Carlos Manzo, Eckar Boege, Ivonne Ramos, Alejandra Bonilla, Francisca
Gómez, como conocedoras y conocedores de las realidades sociales y políticas, así como
de las resistencias históricas que han mantenido los pueblos de Latinoamérica, tuvimos el
honor y la responsabilidad de escuchar el testimonio, en este Foro Popular, de las
comunidades organizadas de los distintos pueblos indígenas y mestizos de México,
Guatemala, Ecuador, Bolivia y Costa Rica; después de haber analizado como el Sistema
Capitalista, Neoliberal, Patriarcal está implementando políticas económicas que atentan
impunemente contra el derecho a la vida y los derechos de la madre tierra.

Hemos constatado a través de los casos que han implicado un proceso de seguimiento
jurídico y las experiencias sociales y políticas que se enmarcan en procesos de resistencia
el inminente riesgo a la soberanía alimentaria, los derechos territoriales que se traducen
en dependencia, aumento de la pobreza, del hambre, así como la negación de los
conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas.

De acuerdo a los testimonios presentados los derechos fundamentales violados en los
casos y experiencias presentados son los siguientes:
A LA VIDA DIGNA
DE LA NATURALEZA
AL TERRITORIO Y A LA TIERRA
A LA AUTONOMIA Y LIBRE DETERMINACION DE LOS PUEBLOS
A LA ALIMENTACION
A UN MEDIO AMBIENTE SANO
DE LAS MUJERES
CIVILES Y POLITICOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
CONTEXTO GENERAL

Una forma de despojo de los territorios y violación de los derechos de los pueblos ha sido
a través de distintas estrategias de “desarrollo económico“en esta nueva fase de
integración al mercado mundial llamada globalización.

 En esta fase neocolonial y neoextractivista del capitalismo la nueva regionalización
geopolítica de nuestros países está en función de los intereses económicos de las grandes
empresas transnacionales: construcción de infraestructura portuaria, de comunicación
terrestre, aeropuertos, proyectos de producción energética con uso intensivo de
combustibles fósiles o alternativas de economía verde como las energías renovables
(eólica) o megaminería tóxica, producción industrial de alimentos, conforman algunas de
las estrategias para reactivar procesos de acumulación capitalista hoy inmersos en una
insalvable crisis.

Para la penetración y expansión del capitalismo neoextractivista en los territorios de los
pueblos indígenas y campesinos en general se han creado varios instrumentos legales y
económicos impuestos por instituciones mundiales como el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional(FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsores de
los Tratados de libre comercio que han sido aceptados y aplicados al pie de la letra por la
mayoría de los gobiernos de los países de América Latina. De esta manera se han ido
desmantelando los sistemas jurídicos de nuestros países a modo de ajustarlos a las
demandas del capital financiero internacional.

Este modelo capitalista, patriarcal, racista y sexista ha tenido mayores impactos sobre las
mujeres indígenas y campesinas, sometidas a múltiples opresiones además de ser
excluidas de sus derechos a la tierra y su derecho a tomar parte en las decisiones sobre
sus territorios.

El despojo de los territorios de los pueblos indígenas ha sido posible porque en la mayoría
de nuestros países no se les ha dado un reconocimiento jurídico constitucional a pesar de
los convenios y tratados internacionales que en algunos países como México tienen el
mismo status que la Constitución. Por ejemplo, como resultado de la contrareforma
agraria de 1992 (modificaciones al artículo 27 constitucional), de la nueva Ley Agraria y de
las leyes derivadas de esta reforma se ha podido profundizar en la privatización de tierras
y despojo de territorios, así como de las instituciones comunitarias. Medidas semejantes
o la negación de la necesidad de transformaciones agrarias profundas han afectado
además a la mayoría de las comunidades de los diversos países de América Latina. En
Guatemala, en vez de que se cumplan los Acuerdos de Paz específicamente los relativos a
los derechos de los pueblos Maya, Garifuna y Xinka se instituyeron el fondo de tierras y la
Ley de Minería que, lejos de garantizar sus derechos territoriales, políticos y económicos
son los que dan pie a esta nueva etapa de despojo. En el caso de Costa Rica, la
transformación de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario en Ley de Desarrollo Rural,
provoca que el Estado abandone la responsabilidad social sobre la tierra, dejándola a
merced del mercado y excluyendo a las familias campesinas del acceso a la tierra.
Se ha podido constatar que la responsabilidad por estas violaciones a los derechos que
implican el despojo de las tierras y la afectación a la integridad física, espiritual y
emocional de las personas recae en la personalidad jurídica de los estados nacionales o
sea de los gobiernos que actúan en complicidad con las empresas transnacionales y
algunas empresas nacionales.

Reconocemos los avances logrados en Bolivia y Ecuador al haber declarado el carácter
plurinacional de sus Estados y haber incorporado los derechos de la naturaleza (Madre
Tierra) en sus constituciones; no obstante observamos que su orientación económica ha
conducido a la negación de la libre determinación en algunos territorios indígenas y de
hecho en ocasiones se han violado sus derechos para favorecer la construcción de
infraestructura para la extracción de recursos de parte del gran capital transnacional (en la
región amazónica, entre Bolivia y Brasil en particular).

Derecho a la alimentación sana y soberanía alimentaria

En Chiapas se está imponiendo la agricultura industrial en las modalidades de
plantaciones para biocombustibles, como es la palma africana para aceite, jatropha o
piñon mexicano, además de tomate y soya. Para la soya transgénica tolerante al glifosato,
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
ha dado a la empresa MONSANTO S.A. de C.V. los permisos para la siembra comercial en
30 mil hectáreas en Chiapas y 253 mil hectáreas en los estados de Tamaulipas, Yucatán,
Veracruz, Campeche y Quintana Roo en México.

En Chiapas, uno de los efectos de la agricultura industrial es la afectación por plaguicidas
tanto a las áreas protegidas como a las comunidades de la costa así como la destrucción
de la estructura y vida de los suelos. La agricultura industrial desplaza a los cultivos
tradicionales y contamina de manera importante los suelos y agua, principalmente en los
humedales costeros. El caso de los sembradíos de jitomate transgénico en la zona de La
Trinitaria y Las Margaritas en Chiapas es otra amenaza.

Otro elemento que también se pone en riesgo es la biodiversidad del maíz, ya que la
siembra de soya transgénica en Chiapas, entre junio y julio de este año, ha sustituido en
ciertas partes el cultivo de la milpa y otros cultivos mesoamericanos. Esto refleja que
están en juego los agro-ecosistemas tradicionales indígenas campesinos, que a su vez son
reservorios regionales, nacionales e internacionales de germoplasma (semillas) de maíces,
frijoles, calabazas, chiles, tomates, cacao y algodón tradicional, es decir que se ha puesto
en riesgo el patrimonio genético desarrollado por 350 generaciones de abuelas y abuelos
de las comunidades de los pueblos indígenas. La importación de maíz transgénico y la
inminente aprobación para la siembra de dos millones de hectáreas de maíz transgénico
en el norte del país afecta por contaminación acumulativa a los maíces nativos, sustento
básico del pueblo mexicano y en especial de los pueblos indígenas de Chiapas. Por lo
anteriormente señalado advertimos que está en inminente peligro el sustento cultural de
Mesoamérica, base indisoluble de nuestra soberanía alimentaria.

El relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Oliver de Shutter, amplió su
recomendación para declarar la moratoria para los experimentos y siembra comercial de
maíz transgénico con fines comerciales -dado los daños ambientales sociales y
económicos que implican- y para la siembra comercial de la soya transgénica por
considerar que su cultivo viola el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas y
campesinos, y de los pueblos en general.

En la expedición del permiso otorgado a Monsanto tampoco se evaluaron las
consecuencias que se ocasionaría a la salud de hombres, mujeres y niñ@s. Según amplios
estudios científicos, el glifosato puro o mezclado [como en roundup ready®] puede causar
irritación en los ojos, enfermedades respiratorias, malformaciones en bebés y abortos
espontáneos; es carcinogénico, deteriora las células, e incluso puede alterar la estructura
de ADN, por tanto no solo afecta a las personas expuestas sino que a todas las futuras
generaciones.

En razón de todo lo anterior, declaramos que la autorización para que Monsanto siembre
soya solución faena en Chiapas y en el país, constituye un desastre socioambiental de
incalculables pérdidas para los mexicanos, ya que ninguna cifra económica reparará el
daño que se ha producido sobre los ciclos naturales de la tierra, del agua, la naturaleza, y
el trabajo campesino. Tal autorización es una afrenta a los pueblos indígenas, campesinos
y a la historia de México como centro de origen y diversificación por parte de los
gobiernos neoliberales.

También en Costa Rica la solicitud de Monsanto ante la comisión de Bioseguridad para la
siembra de maíz transgénico, al igual que en los otros países de la región pone en grave
riesgo las reservas genéticas para la seguridad y soberanía alimentaria.
En consecuencia después de examinar las denuncias presentadas para Guatemala,
México, Costa Rica, llegamos a la conclusión que:
Los estados violan los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas al
otorgar los permisos de siembra de soya y pronto del maíz transgénico; fomentando la
erosión de la economía campesina y la contaminación genética de los maíces nativos por
el uso de una sola variedad; por el control de grandes extensiones de tierras por la vía
comercial así como al marco constitucional y a tratados internacionales.

Se vulneran los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la
consulta pública para los pueblos indígenas, con grandes repercusiones para tod@s, así
como por la inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados, por no regular de manera adecuada el principio precautorio ni una
verdadera participación de las comunidades indígenas; también es necesario destacar que
los mecanismos de publicación oficiales no son viables y lejos de informar sobre las
consecuencias a la salud y a la biodiversidad ocultan y manipulan la información haciendo
creer a la población que los proyectos de agricultura industrial van a generar mejores
condiciones de vida, empleo y recuperar la capacidad competitiva del campo mexicano
para la exportación. Un ejemplo específico es el de la de la apicultura que se practica por
los pueblos indígenas y campesinos. Apicultoras y apicultores son afectados por la
contaminación de sus productos apícolas con polen provenientes de plantas transgénicas
poniendo en riesgo la exportación de sus mieles en mercados justos y orgánicas en
especial a Europa.

Esta medida también refleja la discriminación de género contenida en los proyectos
gubernamentales ya que no se consideraron los efectos que el cultivo de soya y de maíz
transgénico traería a las mujeres indígenas y campesinas quienes históricamente
conservan las semillas criollas, trabajan y cuidan la tierra.La autorización gubernamental
de permitir la siembra de soya y de maíz transgénico ha desconocido el importante papel
que las mujeres desempeñan en la supervivencia económica de sus familias, de la
comunidad y de la nación y pone en riesgo inminente su salud, la posesión de sus tierras,
su seguridad alimentaria, y aun su integridad física al exponerlas a acciones violentas de
despojo ocasionadas por el interés de concentrar y acaparar tierras para la siembra del
cultivo de referencia, violando las disposiciones contenidas en instrumentos específicos de
protección a los derechos de las mujeres, como la Convención para Eliminar todas las
formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW).

La siembra de Organismos Genéticamente Modificados tanto de la soya como del maíz,
viola las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control
de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a mantener
y fortalecer sus identidades, lenguas y espiritualidad, dentro del marco de los estados en
donde viven; siendo la norma más relevante respecto a sus derechos de identidad,
cultura, posesión y propiedad sobre su territorio.

Con la siembra de la soya y el maíz transgénico la soberanía alimentaria de los pueblos y
la igualdad de género están siendo gravemente violadas.

Derecho al territorio

Otras violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que fueron
expuestos, son los relativos a algunas estrategias del gran capital que tienen que ver con
los servicios, con la extracción de materias primas y también conciertos modelos de
“conservación” de la biodiversidad. Todos estos diseñados por los gobiernos pero a partir
de definiciones de corte homogéneo concebidas desde la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y otras instancias internacionales.

Los modelos de conservación impuestos llevan a que los pueblos pierdan sus derechos de
propiedad y/o sus propias formas de decisión sobre sus territorios que les ha permitido
conservar buena parte de sus recursos hasta ahora, por ejemplo en varioscasos hemos
visto que se les ha quitado los derechos de uso de sus recursos para su subsistencia
(Península de Osa en Costa Rica, Montes Azules en Chiapas, México). En el caso del

territorio del pueblo indígena Zoque de los Chimalapas, debido a la riqueza natural que ahí
se localiza, a pesar de tener una certeza jurídica y legal sobre su propiedad comunal, han
sido objeto de continuas presiones por parte del Estado de Chiapas y empresas madereras
que han estado explotando los bosques, fragmentando el territorio y pretendiendo se
declare como reserva de la biosfera, todo esto encubierto como un conflicto de límites
entre los estados de Chiapas y Oaxaca, cuando en el trasfondo la intención es despojar al
pueblo chimalapa de su territorio. Las asambleas de bienes comunales rechazan que en su
territorio se decrete una reserva de la biosfera por la posibilidad de perder el control
sobre sus recursos y exigen la cancelación del decreto de creación municipio Belisario
Domínguez impuesto por el gobierno de Chiapas.

A través de ofertas y entrega de recursos económicos se involucra a las comunidades para
ingresar a proyectos de pago por servicios ambientales, compromisos que generan la
pérdida del control sobre su territorio y por ende su libre determinación.

Los mecanismos de captura de carbono en los países del sur para compensar los
deterioros ambientales provocados por los procesos modernos de industrialización,
transporte, etc., pueden ser una amenaza sobre la tenencia de la tierra y del territorio
ikoots (huave)En el caso del contrato celebrado entre la empresa eólica transnacional
española (Preneal) y la comunidad Ikoots o Huave (San Dionisio del Mar en el Itsmo de
Tehuantepec, Oaxaca) la única beneficiaria de los ingresos por venta de bonos de carbono
es la empresa. Vemos con preocupación la amenaza de muerte promovida por la empresa
jsegún se denunció junto con el estado hacia los luchadores socialesque por mandato de
sus respectivas asambleas comunitarias encabezan el movimiento de defensa de la tierra y
de los medios tradicionales de subsistencia.

Un caso histórico en México de defensa del territorio desde los tiempos coloniales y
neocoloniales, lo constituye el de la Tribu Yaqui, quienes además de resistir contra guerras
y deportaciones oficialmente declaradas en su contra durante los siglos XVIII y XIX, hoy
resisten contra la construcción del Acueducto Independencia que pretende despojarlos de
sus aguas sobre el río Yaqui, en una coyuntura difícil donde la razón histórica y las leyes les
asisten aunque la irracionalidad de los gobiernos se imponen por la fuerza pretendiendo la
privatización del agua a través del beneficio para las empresas en Hermosillo. La
desviación del agua que les pertenece por derecho desde el reparto agrario además de
reducir el caudal utilizado, permite la intrución de agua salina en los pozos de la costa y la
consiguiente contaminación de arsénico y de plaguicidas que se van acumulando en las
lagunas costeras, que pertenecen al territorio Yaqui.

En Costa Rica en el desalojo de las familias campesinas de sus tierras como el caso de
Medio Queso, donde se ha hecho uso de la Fuerza Pública en conjunto con cuerpos
paramilitares, se generaron agresiones a hombres y mujeres, a quienes se les ha
amenazado de muerte y les han sido destruidas sus cosechas, violentando los derechos de
las familias pobladoras y el principio constitucional de protección a los alimentos.

Derechosde las Mujeres

Identificamos que en el contexto patriarcal las mujeres han sido discriminadas y
subordinadas respecto a sus derechos y, aún hoy en día, la igualdad de género sigue
siendo un desafío, tanto en sociedades indígenas como no indígenas. Desde siempre las
mujeres han participado en la defensa de sus territorios, en la conservación y
reproducción de las semillas y el conocimiento del manejo de las plantas. Sin embargo su
lucha no siempre ha sido reconocida.

En México, una forma de despojo de la tierra, a la que se han referido los y las compañeras en
este Foro es el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
(PROCEDE actualmente FANAR) que además de fragmentar o parcelar los ejidos ha reproducido
el sistema patriarcal de tomas de decisiones y de titularidad de las tierras principalmente en
manos de los hombres, excluyendo la posibilidad de que las mujeres participen en las
decisiones en las asambleas ejidales y comunales. Estos programas rompen los principios de
colectividad que garantizan la continuidad de la estructura social y política, así como la
economía campesina.

Otro de los elementos que incrementan la violencia contra las mujeres es el aumento de
la militarización y la formación o reactivación de células paramilitares en las comunidades
indígenas, ya que trastornan no sólo la organización de la población sino también las
formas de vida. El temor que la presencia de grupos armados ocasiona limita su capacidad
de tránsito libre en sus propios territorios. Otros problemas que se recrudecen con estas
políticas contrainsurgentes son el alcoholismo, la prostitución, trata de personas, los
acosos y violaciones sexuales que las colocan en una mayor vulnerabilidad, sobre todo en
aquellos territorios donde nuevamente se están imponiendo bases militares.

Las políticas pública dirigidas a las mujeres también se han convertido en instrumentos de
control, como sucede con el programa Oportunidades en México y programas similares en
Guatemala, ya que se les somete a horarios, actividades y sanciones que redundan en una
mayor violencia no solo por parte del estado sino también por parte de sus parejas,
creando dependencias y dejando a un lado la organización y la defensa de la tierra y el
territorio.

La contaminación provocada por los desechos tanto de las actividades mineras como de la
agroindustria genera impactos a los ecosistemas. El agua que es un líquido vital al estar
envenenada genera daños a la salud y son las mujeres las que deben resolver el problema
ya que sobre ellas recae el cuidado de la familia, las atenciones médicas, la recolección de
la leña y la búsqueda del agua en los ríos o manantiales.

Despojo y resistencia

En México, Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Ecuador los megaproyectos, energéticos
(hidroeléctricos, eólicos, petroleros) y mineros despojan directamente a las comunidades
de sus territorios. La resistencia organizada de pueblos y comunidades que actúan en el
marco de la ley y del ejercicio de sus derechos para evitar estos proyectos es respondida
por los Estados y las empresas que hacen uso de la fuerza pública (militares y policías)
para reprimirlos. Los Estados en complicidad con las grandes empresas utilizan todas las
posibles formas de represión para justificar la criminalización de las resistencias sociales y
policías. Un mecanismo perverso de esta estrategia contrainsurgente es la reactivación de
grupos paramilitares, que instrumentalizan la delincuencia organizada que también
participa en actos directos de violencia contra los opositores a los megaproyectos.

En este clima de violencia son criminalizados los y las defensor@s sociales, son
judicializad@s con acusaciones no fundamentadas, de terroristas, desestabilizador@s del
orden público, calumniadores de las empresas y aún encarcelados. Muchos defensores de
derechos humanos y de la naturaleza han sido asesinados. En Chiapas Mariano Abarca,
(caso minera Black Fire de origen canadiense en Chicomuselo), en Oaxaca, Bernardo
Vásquez (por las mineras en San José El Progreso) y las amenazas de muerte a Betina Cruz
en el Istmo de Tehuantepec; en tanto que en Guatemala, en el municipio de Barrillas
(Departamento de Huehuetenango) el Gobierno militar de Otto Pérez Molina,para
defender a una empresa trasnacional llegó al extremo de establecer un estado de sitio
reprimiendo la protesta social ante la indignación por el asesinato de Andrés Francisco
Miguel por ordenes de la empresa española Econer-hidralia también conocida como Hidro
Santa Cruz. Actualmente 23 luchadores sociales tienen órdenes de captura y
ochopersonas están detenidas. Otro hecho que nos indigna es la reciente masacre
perpetrada por el Estado de Guatemala a través del ejército y la policía nacional contra el Pueblo K ́iche ́ de Totonicapán, que mediante una manifestación pacífica estaban expresando el rechazo a la reforma Constitucional, al alza del valor de la energía eléctrica y a la reforma de la carrera del magisterio.

Violaciones al Derecho de Consulta

La mayoría de comunidades indígenas organizadas que participaron en este Foro
Popular,manifestaron su indignación debido a que los gobiernos de México, Guatemala,
Costa Rica, Bolivia y Ecuador, están faltando a sus obligaciones de respetar sus Derechos
de Consulta que constituye un principio político y jurídico basado en la participación de las
comunidades en la toma de decisiones colectivas consensuadas relacionadas con el
respeto a la vida digna, a los derechos territoriales y ambientales, así como a los derechos
de la madre tierra como un sujeto histórico que da vida y tiene conciencia (Convenio 169
OIT).

En algunos idiomas mayas de Guatemala el término jurídico-político del Derecho de
Consulta se traduce como Laj ti ́en los idiomas Popti ́, Chuj y Mam; y Q ́ umlab ́al en
Q ́anjob ́al y Akateko.
De esa cuenta, ante la voracidad de las políticas extractivas del sistema capitalista, el
Pueblo Maya de Guatemala está ejerciendo su Derecho deConsulta (consultas de Buena
Fe) que se ha transformado en el poder político contra-hegemónico que el Estado de
Guatemala se niega a reconocer.

A pesar de las Consultas Comunitarias desarrolladas ampliamente, en el actual contexto de
imposición de las políticas capitalistas neoliberales caracterizadas por el modelo
extractivista, las empresas transnacionales en complicidad con el gobierno de Guatemala
han decidido poner en marcha proyectos en los territorios de las Comunidades Lingüísticas
del Pueblo Maya, sin respetar las consultas comunitarias realizadas, sin efectuar estudios
de impacto ambiental pertinentes y en los casos donde se realizaron estudios ambientales
a pesar que se estableció la inviabilidad de los mismos por las consecuencias sociales,
psicosociales, económicas, ambientales, entre otros, finalmente los han desestimado y se
han impuesto los proyectos como el caso de la Mina Marlin de la Compañía Canadiense
Gold Corp, en el Departamento de San Marcos.

A pesar de que se realizaron 63 Consultas Comunitarias de Buena Fe a nivel nacional antes
de que el gobierno de Guatemala autorizara las exploraciones y licitaciones el Estado de
Guatemala y las empresas transnacionales siguen ignorando las demandas y el
posicionamiento político del Pueblo Maya en ese país.

Estas experiencias de resistencia política y del derecho del ejercicio de la consulta del
Pueblo Maya en Guatemala son similares ala de los Pueblos Yaquis de Sonora, Ikoots,
Binizá, Wixrarika, y de comunidades organizadas de Chicomuselo en México. En Costa Rica
los Pueblos Borukas y Teribes. En Bolivia los Mojeños, Yuracare y Tsimane, sin mencionar
todos los casos conocidos no representados en el Foro.

En este sentido las consultas de Buena Fe deben ser reconocidas y sus conclusiones como
vinculantes para la autoridad competentes, tanto las municipales como las ambientales de
los Estados, y no ser simulaciones como ocurre cuando son supuestamente realizadas
desde el estado.

Otro problema que fue visible en este foro es el de la migración como consecuencia de
esta nueva etapa de explotación de la fuerza de trabajo a través de una infraestructura
industrial más agresiva, a través de megaproyectos, monocultivos, que violentan la
dignidad y derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas al provocar
pobreza y falta de alimentos. Hombres, mujeres, familias y comunidades enteras se ven
forzadas a migrar. Todos los pueblos de la región mesoamericana están siendo obligados a
abandonar sus territorios por la misma dinámica del sistema.

Por ello reconocemos que los pueblos migrantes sufren marginación, discriminación,
pobreza, destrucción de hogares, abusos severos por autoridades migratorias, policías y el
crimen organizado, bajos salarios, y las mujeres en particular sufren abusos sexuales,
desarraigo de su territorio o comunidad y pérdida de su patrimonio.

Rechazamos la falta de reconocimiento del pueblo migrante como actor político y social,
en el ejercicio pleno de sus derechos, sin distingo étnico, racial o de género.
Frente a este panorama de impunidad nacional e internacional consideramos que el
camino neoliberal de saqueo de los recursos de los pueblos ejemplificado por los
megaproyectos presentados en este foro, no es la alternativa para el buen vivir de las
comunidades ni para las economías de nuestros países, ya que, como recurrentemente se
denunció no nos deja recursos económicos, genera mayor dependencia, crea pocos
empleos y deja una devastación socio-ambiental irreversible y sin precedente alguno.
Estas estrategias se contraponen con el principio de colectividad característica del modo
de vida de los pueblos mesoamericanos y andinos, cuyas formas de relación con la tierra y
el territorio, y acciones de resistencia fueron presentadas en este foro. El Suma Kawsay
andino y el Utz K’aslemal (maya k’iche’, kaqchikel), el Ich’el Ta Muk (tzeltal) o conciencia
del mundo en que estamos inmersos y el Wejen Kajen (Ayuuk o mixe) son conceptos
equivalentes en español a buen vivir, a vida digna. En la crisis civilizatoria actual esta
filosofía constituye un camino que muchos pueblos rurales y habitantes de la ciudad están
recorriendo y que se abren para otros como una posibilidad y esperanza para hacer frente
a los retos del futuro con todas sus incertidumbres.

Reconocemos las luchas de los diferentes pueblos, mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s
ante estas nuevas formas inhumanas que apuntan hacia el exterminio de la vida en su
integralidad.

Nos indigna constatar cómo los pueblos que históricamente han luchado y defendido la
vida están siendo objeto de las mayores consecuencias represivas, criminalizadoras y
militaristas a nivel nacional e internacional con el pretexto de que por su ignorancia se
oponen continúamente al “desarrollo y al progreso”.

También hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo, especialmente de aquellos
que habitan en las áreas urbanas que se unan a la lucha contra el sistema capitalista,
neoliberal y patriarcal que ha convertido a la vida misma en mercancía, porque es
importante que alcemos nuestras voces para juzgar a las empresas transnacionales y
nacionales que son responsables directos de estas decisiones políticas y económicas que
están atentando contra la dignidad humana a nivel mundial.

Por tanto encontramos culpables de graves violaciones a los derechos humanos y de la
madre tierra a los gobiernos que actúan en complicidad con las empresas transnacionales
y algunas empresas nacionales, condenándolos:

a).- En el caso de Guatemala:

A la cancelación inmediata de los permisos otorgados a Hidroeléctrica Santa Cruz (empresa
de origen Español) Econer Hidralia, Proyecto Hidrioeléctrico Xalala’; Hidro Xacbal S.A. en
Palo Viejo II y Ropama municipio de Cotzal, El Tigre y San Vicente en el municipio de Nebaj
(asociadas a la compañía italiana ENEL) y la Hidroixil (empresa española) en la Vega I, en la
Vega II en el municipio de Nebaj, por afectar directamente los derechos de los pueblos Ixil,
Chuj, Q’anjob’al, Mam, Q’eqchi’, Poq’ochi, K’iche’, Poqomchi ́, Popti ́ y algunas
comunidades mestizas.

En lo relativo a la situación expuesta por representantes de la Comunidad de Santa

Cruz Barillas a:

1. La anulación de un proceso jurídico viciado
2. Liberación de los luchadores sociales, hoy presos políticos, con declaratoria de
inocencia.
3. Medidas de reparación a los familiares de presos políticos
4. Revocatoria de las órdenes de captura.
5. Encarcelamiento de los responsables intelectuales del asesinato del primero de
mayo
6. Salida de la empresa Hidro Santa Cruz de Barillas
7. Respeto al trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias.
8. Restitución y fortalecimiento de los derechos colectivos y respeto de las decisiones
de las comunidades.

En lo relativo a la situación expuesta por representantes de la Asociación de
Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y de los Recursos Naturales-

ACODET- a:

1. La cancelación del proyecto hidroeléctrico Xalalápor los graves daños que causará
a las comunidades y porque atenta contra los derechos humanos de los pueblos
indígenas, especialmente contra el derecho a la alimentación, a la vida, a un medio
ambiente sano, a la posesión y la propiedad de la tierra ya decidir libremente las
prioridades de su desarrollo.
2. EL reconocimiento jurídico a los resultados de la consulta comunitaria, conforme al
Convenio 169 de la OIT, conforme al artículo 6 y 15 y el 19 y 32 de la Declaración
de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
En lo relativo a la situación expuesta por las comunidades indígenas del municipio
San Juan Cotzal, Departamento de Quiché a:
1. Quelas municipalidades reconozcan la existencia de las alcaldías indígenas y los
consejos de ancianos y principales de las comunidades indígenas.
2. No permitir la invasión de su territorio.
En lo relativo a la situación expuesta por la Asociación de Asentamientos Unidos del

Area Ixil, Guatemala:

1. Reconocimiento y cumplimiento por parte del Estado de los derechos de las
mujeres del pueblo Ixil.
b) En el caso de Bolivia:
En lo relativo a la situación expuesta por el Centro de Estudios Aplicados a los
Derechos Económicos sociales y Culturales (CEADESC) a:
1. La suspensión de la construcción de la carretera en el Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
2. El respeto a los movimientos sociales que luchan por sus derechos y los derechos
de la naturaleza.
c) En el caso de México:

A la cancelación del Megaproyecto Corredor Eolico del Istmo-Parque, Eólico San
Dionicio autorizado al Consorcio Multinacional Maraña Renovable integrado entre
otras empresas por Preneal, Mitsubishi, Mc Quire, Fondo de Pensiones Holandes,
Vestas de Dinamarca),

A la cancelación del Acueducto Independencia concesionado a la empresa Apasco
Cementera pero además la desviación del acuíferoredundaría en beneficio de
empresas privadas trasnacionales como la cervecera Heneiken y la automotriz Ford
en detrimento del abastode agua para consumo humano y animal o para riego en
el Valle del Yaqui;

A la cancelación de todas las concesiones mineras en el territorio Wxirarika y de
manera inmediata en Wirikuta a las empresas El Frisco, First Silver Majestic
Corporation, Minera Real Bonanza, S.A. de C.V., Minera Real de Catorce S.A. de C.V.,
Proyecto Universo (Revolution Resources);

A la cancelación de las concesiones otorgadas a la empresa Blackfire Explotation en
Chicomuselo, Chiapas.

Resarcir los daños ocasionados a las personas y medio ambiente en los casos donde
así ha sucedido.

Derogación del artículo seis de la Ley minera que declara a los minerales subsuelo
como interés público principal, para después transferir los bienes del pueblo de
México a las compañias transnacionales. Este artículo es en especial una afrenta a
los territorios y poseedores y dueños de la tierra de los pueblos indígenas y
comunidades campesinas.

Por afectar a los pueblos Yaquis, Ikoots, Binizá, Wixrarika, la comunidad campesina de
Chicomuselo.

En lo relativo a la situación expuesta por grupos de familias que trabajan con

Caritas y Pastoral de la Tierra de San Cristóbal de Las Casas:

1. A frenar el regalo de agroquímicos por parte de los entes estatales.
2. A frenar los programas que fomentan la individualización en las comunidades,
particularmente en el uso de los recursos para la producción de alimentos.

En lo relativo a la situación expuesta por Mujeres y maíz de los Altos de Chiapas:

1. Al reconocimiento estatal y nacional de la producción local de alimentos, en
particular del maíz criollo nixtamalizado, así como de otros alimentos tradicionales.

En lo relativo a la situación expuesta por las Mujeres Organizadas de la Región

Altos-El Puerto, La Grandeza, Aguacatenango y la Merced en Chiapas.
1. A la recuperación de 1450 has. a la comunidad Aguacatenango.
2. Al regreso de los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional a sus cuarteles
ya que su presencia en las comunidades y en las ciudades violenta los derechos de
las mujeres, sus actividades y sus cuerpos.
3. Al respeto a nuestras acciones en construcción de la soberanía alimentaria.
4. Al respeto a nuestras formas organizativas como mujeres.

En lo relativo a la situación expuesta por la Red contra la Soya transgénica así
como de la importación e inminente siembra de maíz transgénico comercial.

1. La abrogación de la Ley de Bioseguridad, y sus reglamentos conocida como Ley
Monsanto, así como la ley de semillas por inconstitucionalya que la privatización
de las semillas y la contaminación masiva e inminente de los recursos fitogenéticos
indígenas (semillas) poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la salud, la
economía solidaria, los conocimientos indígenas y los recursos creados por más de
350 generaciones de abuelas y abuelos indígenas. México y centroamérica como
centros de origen e domesticación y diversificación de más del 15% de las especies
del sistema alimentario mundial no debe ser expuesto a la contaminación de los
organismos genéticamente modificados.
2. Cancelación de la siembra y comercialización de soya transgénica en todo el país,
que pone en riesgo entre otros la salud de los cuerpos de agua, de las personas y
de los productos de exportación que producen los indígenas como es la miel
orgánica de la selva.
3. Para reparar los daños por la experimentación, siembra y comercialización de
organismos genéticamente modificados, demandamos la salida inmediata de
nuestras regiones de las transnacionales Monsanto, Cargil, Syngenta, Pioner,
Dupont, Aztra Seneca y Bayer.4. Aplicación del principio precautorio del Protocolo de Cartagena

En lo relativo a la situación expuesta por el Centro de Derechos de la mujer de
Chiapas, Municipio Autónomo Rebelde. Sede Norte-Selva:

1.- El respeto a la autonomía y autodeterminación indígena;
2.- El desmantelamiento de los grupos paramilitares.
3.- Frenar la guerra contra las comunidades zapatistas.
4.- Detener el acaparamiento y privatización de ejidos y comunidades cercanos a los
grandes centros de población por parte de las empresas transnacionales de
comercio y servicios Wal-Mart, Coppel, Chedraui.
5. Cancelación de concesiones de las empresas mineras en la Región Sierra
Fronteriza.
6. Respeto de los derechos de las mujeres en los sistemas normativos internos de las
comunidades, como libre elección en el matrimonio y acceso a la tierra.

En lo relativo a los Bienes Comunales San Miguel y Santa María Chimalapas.

1. Que se respete la reconstitución de territorio Zoque en Chimalapas.
2. Que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento y aplicación efectiva de los
instrumentos internacionales de defensa de los derechos colectivos de los pueblos
y comunidades indígenas y de las leyes que amparan y tutelan dichos derechos.
3. Cancelación por parte de SEMARNAT (Secretaria del Medioambiente y Recursos
naturales) de los permisos de aprovechamiento forestal maderable otorgado a
empresas forestales.
4. Respeto de los territorios comunales de San Miguel Chimalapas por parte de los
ejidos del Municipio de Belisario Domínguez.
d) En el caso de Costa Rica

En relación a la problemática presentada por la Red de Mujeres Rurales de Costa
Rica.

1. Exigir la detención de los desalojos de la comunidad campesina en Medio Queso de
los Chiles en la zona fronteriza norte.
2. Cancelación de la construcción de Proyecto Hidroeléctrico Dikis en Buenos Aires de
Puntarenas, porque afecta los territorios indígenas Térraba y Boruka.
3. Moratoria de la expansión piñera que viene contaminando los mantos acuíferos,
porque violenta el derecho humano al agua.